El 26 de julio de 1990 se promulgó la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (Americans with
Disabilities Act, ADA) y se convirtió inmediatamente en el centro de la atención de patronos y de
instituciones que tratan con el público. La ley fue una respuesta al descubrimiento de que alrededor
de 43 000 000 de estadounidenses padecen una o más discapacidades físicas o mentales (ref. 126). Se
espera que este número aumente conforme la población envejezca.
El público y los negocios estadounidenses por igual estaban familiarizados con el término dis-
criminación, según lo aplica la legislación de Derechos Civiles, que prohibe la discriminación sobre
la base de la raza, el color, la religión, el sexo y el origen nacional.
La ADA amplió este concepto a los
inválidos en relación con el empleo y el acceso a instalaciones y servicios públicos. En concreto, la
ADA prohibe la discriminación de discapacitados en los procedimientos de solicitud de empleo,
contratación, promoción o despido, compensación laboral, capacitación en el puesto y otros térmi-
nos, condiciones y privilegios de los empleos.
La ADA ha tenido un efecto significativo en el campo de la seguridad y la higiene de los traba-
jadores, porque ha sido práctica común discriminar candidatos cuya seguridad o la de sus compañe-
ros pudiera estar en riesgo si tienen impedimentos físicos o mentales que pudieran afectar el trabajo
para el cual se les contrata. La ADA no prohibe los exámenes médicos ni las pruebas de selección
para el empleo, pero los ha regulado para que todos los candidatos se sometan a pruebas justas, no
sólo los impedidos, y que todas las características examinadas sean realmente significativas para la
higiene y la seguridad del trabajador y sus compañeros. Además, la ADA pide que los resultados de
los exámenes médicos sean confidenciales.
Un tema de controversia con respecto a las pruebas médicas y el examen previo es el asunto de
la prueba de adicción a drogas y alcohol. La pregunta relevante es: ¿Se consideran las adicciones un
impedimento físico y por lo tanto quien las padece está protegido contra la discriminación por la
ADA? El Congreso se adelantó a esta pregunta y no prohibió la prueba de drogas en su aprobación de
la ADA. Los consumidores de drogas o de alcohol pueden ser despedidos del trabajo por el patrono,
pero quienes han culminado un programa supervisado de rehabilitación son elegibles para el empleo;
de hecho, están protegidos de la discriminación general en el proceso de contratación. Las empresas
deben evitar una política que excluya a antiguos drogadictos. Éstos deben ser evaluados para deter-
minar si representan una "amenaza directa" a ellos mismos o a la higiene y la seguridad de otros que
no pueda ser eliminada o reducida con un acomodo razonable, como se muestra en el caso 4.1.
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