Hay dos corrientes de opinión en relación con la responsabilidad de los riesgos en el lugar de
trabajo La más ambiciosa asigna toda la responsabilidad a la empresa, no sólo identificar los
riesgos, sino también eliminarlos de forma que al empleado se le garantice un lugar de trabajo
seguro y saludable, sin importar la naturaleza de los riesgos. En su mayor parte, ésta es la postura de quienes redactaron la ley de la OSHA. Es verdad que la ley contiene una cláusula de
obligación general tanto para los trabajadores como para la empresa, pero no hay duda de que las
previsiones de coerción de la ley son para confirmar el cumplimiento por parte de la empresa, no
del empleado.
La segunda corriente de opinión es más conservadora en cuanto que reconoce la incapacidad de
la empresa de eliminar por completo algunos riesgos y, por ende, asigna algo de la responsabilidad al
empleado y exige que los sistemas de información le entreguen datos que especifiquen la naturaleza
y el grado de riesgo asociado con el puesto. El argumento de esta comente es que el empleado cuenta
así con los datos necesarios para evaluar los riesgos y actuar en consecuencia.
Conforme la OSHA entraba a su segunda década, se desplazó hacia esta postura más conservadora que reflejaba un clima político más tradicional que trajo el cambio de gobierno de los
Estados Unidos en 1980. Hasta los críticos de la OSHA reconocieron la equidad de un sistema de
revelar al empleado la información sobre los riesgos a los que se expondría y de la que la empresa
tenía conocimiento. Así comenzó el movimiento que se conoció como el derecho a saber, junto
con reglamentaciones que exigían hojas de datos de seguridad de materiales (Material Safety
Data Sheets, MSD) y etiquetar los materiales riesgosos a los cuales se podrían exponer los trabaja-
dores o el público.
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